La Jornada, que tuvo lugar en el auditorio del Museo Lázaro Galdiano de Madrid, ofreció al numeroso público asistente diversas conferencias y mesas redondas en las que se abordó el arte público desde distintas perspectivas.
Entre los ponentes se encontraban artistas, como Carlos Garaicoa, Fernando Sinaga o Concha Jerez (reciente Premio Velázquez); otros profesionales del mundo del arte y la cultura, como Jorge Díez (director del programa internacional de arte público Madrid Abierto), Jean-Marc Prevost (director del Museo de Arte Contemporáneo de Nîmes) y Colette Flandrin (urbanista), así como responsables políticos, como Luis Lafuente (director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural), Antonio Aguilar (director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo) y Marta Rincón (responsable de Artes Visuales, Arquitectura y Diseño de Acción Cultural Española). Los aspectos jurídicos relacionados con el tema de la Jornada fueron abordados por Agustín González y Daniel Sarmiento, abogados de Uría Menéndez.
Entre las interesantes cuestiones tratadas a lo largo de la Jornada, se reivindicó el papel de los poderes públicos en la promoción de la cultura y cómo aborda nuestra Constitución las políticas culturales, haciendo hincapié en la obligación que impone a los poderes públicos de promover y tutelar el acceso de todos a la cultura y el reconocimiento del derecho fundamental a la creación artística. Precisamente, uno de los muchos reveses que ha sufrido la cultura debido a la crisis económica ha sido que el 1,5 % cultural que establece la Ley de Patrimonio Histórico se dedique casi exclusivamente a la conservación del patrimonio histórico en detrimento del fomento de la creación artística. En este sentido, los representantes de la Administración recogieron el guante y acordaron estudiar la viabilidad de que parte de los recursos del 1,5 % cultural se destine exclusivamente a la creación contemporánea, contando con la asesoría de expertos y profesionales a través de las asociaciones del sector.
También se habló de la conflictividad que —se afirmó— es inherente al arte público, lo que hace imprescindible mayor y mejor educación para que la ciudadanía disfrute de las propuestas de arte público y puedan crearse espacios de convivencia en torno a la obra de arte.
Desde un enfoque jurídico se debatió sobre cómo la mutilación y el vandalismo, pero también el traslado o la transformación de las obras de arte en espacios públicos, colisionan con los derechos morales del artista, y se aportaron propuestas para preservar estos derechos y para conciliar el respeto a la obra de arte con el interés público (seguridad, comodidad, etc.).
