La Fundación Profesor Uría presentó la semana pasada, en el auditorio de Uría Menéndez, el Informe 2025 del Observatorio de Derechos Humanos, una iniciativa que alcanza su segunda edición, elaborado por más de 50 voluntarios de Uría Menéndez, y que este año centra su análisis en la discapacidad desde una perspectiva jurídica y social.

La sesión contó con la participación de Pedro Cruz Villalón, catedrático emérito de Derecho Constitucional, expresidente del Tribunal Constitucional y autor de la Introducción del Informe; Alex Ellis, Embajador del Reino Unido en España; Carmen Rodrigo-Vigil, médico especialista en oncohematología pediátrica del Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza); y Carolina Albuerne, socia del despacho y participante en la elaboración del informe. El acto fue conducido por Bernat Domeyó, socio de Uría Menéndez y coordinador del Observatorio.

Durante la presentación, Cruz Villalón destacó la importancia de la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución, que refuerza la visibilidad y protección de las personas con discapacidad y las reconoce como titulares de los derechos del Título I «en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas». Esta actualización, explicó, se alinea con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad e impulsa una comprensión más sustantiva del principio de no discriminación.

Las cuestiones analizadas en el Informe se estructuran en tres grandes bloques. El primero, “Discapacidad y derechos de libertad", aborda la sustitución del régimen de incapacitación por apoyos individualizados, el ingreso no voluntario en residencias y las garantías procesales para víctimas con discapacidad en el ámbito penal.

El segundo bloque se centra en la inclusión social. En materia educativa, analiza el derecho a la educación inclusiva de niños con discapacidad, con especial atención al trastorno del espectro autista (TEA), el principio de ajustes razonables y la preferencia por la escolarización en centros ordinarios. En el ámbito laboral, se señala la insuficiencia de las ayudas para la adaptación de puestos de trabajo y la necesidad de reforzar la colaboración público-privada. Respecto al acceso residencial de personas con TEA en la Comunidad de Madrid, se identifican deficiencias en la lista única de acceso y en la aplicación de los trámites de urgencia.

El tercer bloque dedica un espacio a las enfermedades minoritarias (“raras”), un ámbito que, aunque no se considera estrictamente dentro de la discapacidad, plantea importantes retos en términos de igualdad. Se señala, por ejemplo, que en España más de tres millones de personas conviven con estas patologías y que existen desigualdades territoriales en el diagnóstico y acceso a tratamientos: el retraso diagnóstico puede superar los diez años y los costes asumidos por las familias alcanzan de media el 20 % de sus ingresos. También se analiza la dificultad de los pacientes para acceder a la incapacidad permanente, debido a la rigidez de los baremos y la necesidad de una interpretación más flexible por parte de la Administración y los tribunales.

El Informe concluye con una llamada a reforzar la coordinación institucional, mejorar la precisión normativa e incorporar de forma efectiva la perspectiva de inclusión social en el desarrollo de derechos fundamentales. Como subrayó Carolina Albuerne, el objetivo es doble: «dar a conocer realidades que muchas veces pasan desapercibidas y aportar, desde nuestra experiencia profesional, elementos útiles para orientar mejoras jurídicas y sociales».

La Fundación Profesor Uría consolida así al Observatorio de Derechos Humanos como un espacio de reflexión y análisis riguroso, capaz de transformar conocimiento técnico en propuestas que contribuyan al avance de una sociedad más igualitaria, inclusiva y respetuosa con la dignidad de todas las personas.

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