El informe 2024 ha puesto el foco en cuestiones esenciales como la protección de menores, los derechos de las personas migrantes y refugiados, y la atención a quienes viven en situación de exclusión social.
El informe ha sido realizado con la destacada colaboración de Pedro Cruz Villalón, catedrático de Derecho Constitucional y expresidente del Tribunal Constitucional, y por más de 40 abogados voluntarios de Uría Menéndez. El informe aborda de manera rigurosa temas como las deficiencias en la asistencia jurídica gratuita para extranjeros en procesos de devolución o expulsión, las barreras para el empadronamiento de personas sin hogar y la falta de medidas adecuadas para proteger a menores en centros de acogida frente a la violencia. También analiza la situación de menores apátridas o sin registro de identidad, conocidos como “niños invisibles”, las carencias en la atención sanitaria en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) o el régimen de las solicitudes de protección internacional fundadas por motivos de género.
En palabras de José María Segovia Cañadas, presidente de la Fundación Profesor Uría, este informe “es una herramienta crucial para visibilizar problemáticas que suelen pasar inadvertidas y para avanzar en la defensa de los derechos humanos, reforzando las garantías necesarias para construir una sociedad más justa”. Segovia también resaltó la dedicación de Pedro Cruz Villalón, cuya experiencia ha sido clave para el desarrollo del proyecto, y el compromiso de los abogados de Uría Menéndez que lo han hecho posible.
El Observatorio de Derechos Humanos, creado en 2023, tiene como objetivo analizar áreas emergentes o menos exploradas del derecho, con un énfasis especial en aquellas que afectan a colectivos en situación de vulnerabilidad. Este primer informe, estructurado en siete capítulos, supone un hito en la labor de identificar y proponer soluciones frente a las barreras legales y sociales que enfrentan estas personas.
Con esta iniciativa, la Fundación Profesor Uría y Uría Menéndez reafirman su compromiso con la justicia social y los derechos humanos, ofreciendo un enfoque que combina rigor jurídico con un firme compromiso ético. Ambas entidades confían en que este informe sirva de inspiración para promover cambios reales y marcan con él el inicio de una serie de trabajos destinados a mejorar las condiciones de vida de los colectivos más desfavorecidos a través del derecho.
Más información sobre el Observatorio y el Informe 2024 en este enlace.
